La convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las telecomunicaciones generalizó el uso de la expresión “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” (TIC), simbiosis que ha producido notables cambios en todas las áreas de la sociedad, provocando una verdadera revolución. Las TIC son conceptuadas como el conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones en forma de voz, imágenes y datos, contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética, englobando todo lo que incluye la electrónica, la informática y las telecomunicaciones.
El Derecho por definición es cambiante y debe adecuarse a la realidad social imperante en una época y en un momento determinado. Los cambios experimentados en la sociedad, el comercio y la economía, como consecuencia del desarrollo de la tecnología, tienen importantes implicaciones en el mundo del Derecho y han dado origen a nuevos campos de investigación en el ámbito jurídico.
Distintos son los términos que tratan de explicar la relación entre el Derecho y la Informática. A finales de los años 40, se comenzó a hablar de Jurimetría, posteriormente, hacia los años 60 de Iuscibernética, hoy en día los vocablos más empleados son Informática Jurídica y Derecho Informático; sin embargo, las tendencias más modernas se inclinan por denominaciones como Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Veamos las diferencias entre cada uno de estos términos.
El Derecho Informático trata la relación existente entre el Derecho y la Informática desde una óptica jurídica, ocupándose de estudiar los problemas legales que se derivan de esta interrelación. El campo del Derecho Informático comprende el estudio y aplicación de las leyes que reglamentan el uso de la informática, así como la doctrina jurídica y la jurisprudencia relacionada con estas materias. Su contenido puede ser dividido principalmente en dos grandes campos: el ámbito contractual y el ámbito penal.
Dentro del ámbito contractual, se estudian principalmente los contratos informáticos y los contratos electrónicos donde se tratan temas relacionados con las obligaciones y responsabilidades que asumen las partes; la creación, distribución y explotación de hardware y software; los derechos y obligaciones de los creadores, distribuidores y usuario de bases de datos jurídicas; la protección jurídica de los derechos de propiedad intelectual sobre software; las transferencias electrónicas de fondos y la protección de datos de carácter personal. En el ámbito penal, se estudian los delitos informáticos, entendidos como aquellos que se cometen contra los sistemas que utilicen tecnologías de la información o lo cometidos mediante el uso de estas tecnologías.